No dejar morir el café

Hay que darles una oportunidad a los cafeteros, no solo por justicia histórica, sino para defender un sector aún de gran importancia.

La caficultura colombiana atraviesa la que quizás es la peor coyuntura de su historia. El precio del grano en el mercado internacional se encuentra en el punto más bajo desde que se llevan registros. El desempleo, la pobreza extrema y la pauperización en las zonas cafeteras muestran una tendencia de deterioro aún más aguda que la del resto del país. La presencia de grupos violentos y del narcotráfico se está expandiendo como una marea imparable por las laderas donde antes existían paz y cafetales. Es alarmante observar cómo el 10 por ciento del área dedicada a los cultivos ilícitos en el país se encuentra en zonas cafeteras. En la quinta parte de los municipios productores del grano se han detectado campos de amapola o plantaciones de coca. Esta crisis ha dejado de ser sectorial para convertirse en una seria amenaza para la estabilidad económica, política y social del país.

En palabras del informe de la Comisión de Ajuste a la Institucionalidad Cafetera, el cultivo del grano representa un capital social estratégico irremplazable para la nación. Existen medio millón de familias que viven directamente de esa actividad y que conforman un armónico tejido social que por más de un siglo ha constituido la base de la ocupación espacial de la región andina. Sus tradiciones y su empuje empresarial son el fundamento del desarrollo y de la esencia democrática de nuestra nación. Desde una perspectiva macroeconómica, y a pesar de la disminución de su participación en el conjunto de las exportaciones, el café sigue aportando un monto significativo de divisas a las reservas, contribuye con un tercio del empleo rural y es fuente importante de demanda para los demás sectores de la economía por su bajo consumo de bienes importados.

Quienes de manera simplista hoy consideran irrelevante al sector cafetero y proponen que se le dé un buen morir, desconocen, primero, el potencial de competitividad internacional que claramente aún posee y, sobre todo, ignoran el impacto devastador que tendría en todos los órdenes de la vida nacional un colapso de la actividad. Imaginarse una Colombia sin café es pensar en un país con millones de campesinos y trabajadores rurales desarraigados; en un país con una región andina diezmada por la violencia y colonizada por los cultivos ilícitos; en un país con trescientos cincuenta municipios y diez ciudades agonizantes.

Como concluyó la Comisión de Ajuste, el costo fiscal del gasto público necesario para aliviar las consecuencias sociales y de orden público de un continuado deterioro de la caficultura sería infinitamente mayor que el apoyo financiero necesario para estabilizar la situación y permitirle a aquella iniciar un proceso de ajuste y reconversión que le devuelva su vitalidad.

Así lo entendió en buena hora el Gobierno anterior cuando puso en marcha el Plan de Apoyo a la Caficultura. Mediante un subsidio de sostenibilidad -el AGC- para evitar la quiebra generalizada y en respaldo de los programas destinados a elevar la productividad se ha logrado evitar, por ahora, la desaparición del sector y de sus instituciones. Las circunstancias adversas que inspiraron dicha política infortunadamente no se han superado. De hecho, el deterioro se ha agudizado aún más.

Hoy más que nunca está plenamente justificado el mantenimiento del programa puesto en marcha por la administración Pastrana y que en su momento elogió y avaló el entonces candidato Álvaro Uribe. Sin desconocer las severas restricciones fiscales que enfrenta el país, nos permitimos recomendar al Gobierno Nacional que no cometa el error de, por ahorrarse unos reales, desencadenar una avalancha, una reacción en cadena, que lleve a la ruina a la caficultura, con todas sus previsibles consecuencias sociales y de orden público. Hay que darles una oportunidad a los cafeteros para ajustarse a las dificultades. No es solamente un acto de justicia histórica para quienes tanto le han dado al país. Es la vía más sensata y menos costosa para defender el equilibrio social en el sector rural y para promover la seguridad nacional.

Tomado del editorial de El Tiempo
Agosto 26 de 2002